Presentación del libro en Evento OGP y Descarga gratuita

Por Ester Kaufman, 15 noviembre, 2014 15:59

Tengo el agrado de comentarles que el libro Teoría y Práctica del Gobierno Abierto. Lecciones de la experiencia internacional (autores Kaufman-Oszlak) Ed. OEA-Red GEALC-IDRC, será presentado en el Encuentro Regional de la OGP, en Costa Rica, el martes 18 de noviembre (ver programa en http://www.ogpsanjose.org /). La coordinación de la presentación es de la Red GEALC e intervendrá en su nombre Fabrizio Scrollini, ILDA. En cuanto a la presentación, estará a mi cargo.

La descarga gratuita de ese libro puede realizarse en http://www.redgealc.net/teoria-y-practica-del-gobierno-abierto-lecciones-de-la-experiencia-internacional/contenido/5951/es/

Recomendaciones con base en la investigación realizada sobre GA y a sus conclusiones

Por Ester Kaufman, 20 septiembre, 2014 18:05

Recomendaciones

Como resultado del relevamiento realizado, estamos en condiciones de avanzar con algunas recomendaciones que pueden ser útiles para mejorar los planes de acción, en la medida que exista voluntad política para abordar aspectos primordiales de apertura y de profundidad en los cambios.

En cuanto a las grandes transformaciones, sabemos que la voluntad política es prácticamente inexistente, especialmente cuando se trata de compartir el poder con la sociedad. Más específicamente, nos referimos a las líneas que apuntan a generar un estado en red que incluya a la comunidad como parte activa. En ese sentido, hemos registrado escaso desarrollo de nuevas estructuras, funciones y capacidades para generar articulaciones transversales, diagonales y verticales; en definitiva, el entramado colaborativo y abierto entre sociedad y estado.

Tomando ese escaso desarrollo como una realidad extendida, aunque en plena transformación, formularemos algunas líneas de acción progresivas para promover el involucramiento paulatino de las máximas autoridades.

1. Formas de avance

La premisa debería ser “comenzar desde lo pequeño pensando en grande”. Algunos planes hacen mención a ello. Esta premisa apunta a una expansión horizontal de las buenas prácticas como resultado de un efecto mimético. Esa expansión muchas veces ni siquiera está prevista. En algunos casos la experiencia inicial ha surgido de algún área de escasa relevancia; en otros, es fruto de la decisión política de comenzar con una iniciativa pequeña y escalarla a medida que se van presentando oportunidades favorables. Esta escalabilidad se da más por adhesión de los distintos actores que como expansión impuesta. Lo dicho se conoce como “efecto de bola de nieve”. No cualquier experiencia puede alcanzar esos efectos. Sólo las iniciativas sustentadas en necesidades genuinas contienen en si mismas la potencialidad de inducir su propia expansión, con creciente alcance y profundidad.

Sin perjuicio de los comienzos modestos, las iniciativas deberían tener, al mismo tiempo, un alto nivel de aspiración y de inspiración para que otros avancen en el mismo sentido, en sus propios ámbitos.

Existen muchísimas experiencias en ese sentido. Entre las que hemos visto, podemos destacar el proyecto piloto de portal de datos abiertos de Colombia, en el que comenzaron a participar cuatro entidades estatales, con vistas a ampliar el número de instituciones.

Otros principios detectados en algunos planes apuntan al enfoque ciudadano y a la simplicidad. En este sentido, las iniciativas deben responder a las necesidades básicas de los ciudadanos y facilitar sus vidas cotidianas. Por otra parte, deben simplificar y clarificar, y nunca sumar complejidad o ambigüedad, a la ciudadanía..

2. Algunas acciones a recomendar, inferidas de buenas prácticas presentadas.

Las acciones a recomendar apuntan a fijar algunas líneas para apuntalar la redacción y mejoramiento de los planes de acción y a ampliar sus bases de sustentación en cuanto a sectores y actores intervinientes. En estas recomendaciones también consideramos cuestiones relativas a las áreas de coordinación, con el objetivo de jerarquizar la importancia política de los compromisos e incluir aquellos sectores relacionados a aspectos sustantivos.

Redacción y mejoramiento de los planes de acción

  • Revisar las convocatorias para la redacción y el mejoramiento de los planes de acción, para verificar que se esté incluyendo la mayor cantidad de actores, tanto del sector público como de la sociedad civil y el sector privado.
  • Generar espacios interactivos virtuales de debate y de escritura colaborativa sobre los temas y términos a ser incluidos en el Plan de Acción.

Áreas de coordinación

  • Evitar la supremacía de los sectores tecnológicos en la redacción del Plan.
  • Incluir en la coordinación a las áreas sustantivas del Poder Ejecutivo, como aquellas relacionadas a la gestión de políticas sociales, del acceso a la información, de prevención y lucha contra la corrupción, entre otras.
  • Incorporar a los otros poderes y niveles de gobierno.
  • Propiciar la co-participación de grupos de la sociedad civil, de las OSC, de la academia y de sectores privados en todas las etapas del ciclo del Plan.

Planes de acción específicos

  • Emitir directivas para que los distintos organismos redacten sus propios planes de acción en sintonía con el plan presentado ante la OGP.
  • Incentivar a los estados subnacionales a redactar sus propios planes de acción, los que en conjunto deberían enriquecer las iniciativas y compromisos del Plan de Acción nacional. Para ello, se recomienda crear espacios online de intercambio y aprendizaje recíproco.

Normas legislativas y marcos regulatorios

  • Convocar al Poder Legislativo para el dictado de normas relacionadas con el GA, que sustenten legalmente las medidas que vayan incorporándose al Plan de Acción.
  • Convocar a las áreas pertinentes del Poder Ejecutivo para que dicten marcos regulatorios, manuales y guías, en permanente perfeccionamiento, para la gestión de información, de la participación y tecnológica, entre otros.

Involucramiento de la ciudadanía con los planes

  • Difundir los avances relacionados con el plan de acción a través de los distintos medios, entre ellos, las redes sociales, a fin de obtener retroalimentación de distintos sectores de la comunidad.
  • Generar espacios de escucha ciudadana que permitan integrar las opiniones de la población, así como sus prácticas de monitoreo y evaluación.

Consulta ciudadana en la provisión de servicios

  • Incluir la opinión del usuario ante cada servicio recibido e integrar el conjunto de opiniones al sistema de mejora continua.
  • Detectar, en cada ocasión de prestación, cuál es el canal más adecuado de entrega como, asimismo, si la información sobre el servicio es la pertinente, su comprensibilidad, así como las barreras burocráticas encontradas.

Gestión de información

  • Crear un área de coordinación para la gestión de información diferenciada del área tecnológica pero sincronizada con ésta. Paralelamente, cada organismo debería tener su propia unidad de gestión de información conectada con el área de coordinación referida a través de enlaces designados a fin de avanzar conjuntamente en articulaciones crecientes. Estas unidades y enlaces no deben ser los mismos a cargo de la gestión tecnológica.
  • Incluir medidas relacionadas con la gestión de información que impliquen un ordenamiento progresivo y sistemático de la información / documentación existente, para lo cual debería convocarse a expertos internos y externos; entre ellos: documentalistas, bibliotecarios y archivistas.
  • Establecer los lineamientos para lograr marcos comunes de gestión de información, lo que incluye el acceso, la protección de la privacidad, la transparencia activa, la protección del derecho de opción de los consumidores, la gestión del ciclo de vida de los documentos, la catalogación común y la creación de todos los estándares necesarios. Paralelamente, se recomienda la aplicación paulatina y transversal de dichos estándares, considerando su permanente revisión por parte de los expertos y de los sectores formales que vayan adhiriendo. Dentro de este conjunto, se recomienda crear plataformas online que permitan una puesta en común de recursos entre una cantidad creciente de expertos, áreas y organismos.
  • Promover la formación en gestión de información y la profesionalización de quienes estén a cargo de la misma, acorde a las necesidades específicas del estado y de la sociedad. Para dicha formación y profesionalización deberá convocarse a sectores universitarios relacionados con las ciencias documentales y archivísticas.

Gestión de la participación

  • Establecer los lineamientos para crear un área de coordinación para gestionar la participación ciudadana, junto a la fijación de áreas responsables en los organismos y de enlaces a cargo de la articulación transversal, a fin de que, en conjunto, puedan detectar mejores prácticas, establecer estándares y compartir recursos. Se recomienda, como en otros casos, establecer espacios online para la puesta en común.
  • Promover la formación en gestión de la participación, acorde a las necesidades específicas del estado y de la sociedad. Para dicha formación deberá convocarse, para el apoyo, al sector universitario.

Gestión de las comunicaciones

  • Incluir medidas relacionadas con la gestión coordinada de las comunicaciones en general y de los servicios en particular, que impliquen un avance hacia la concreción de un lenguaje claro, a fin de reducir la brecha lingüística con la ciudadanía. Para ello deberían realizarse testeos permanentes por audiencias objetivo. Se recomienda crear plataformas online para detectar y comunicar buenas prácticas, proveer una formación común y elaborar estándares. Es relevante incentivar la participación de comunidades de práctica relacionadas.

Protección del funcionariado

  • Incluir marcos de protección para el funcionariado en cuanto a sus derechos a la carrera y formación.
  • Proveer suficiente cobertura a los funcionarios que deseen realizar denuncias ante su conocimiento de irregularidades administrativas.

Formación para el GA

  • Crear espacios conjuntos online para incluir iniciativas y resultados, para incorporar contenidos y para socializar los cursos que se vayan lanzando.
  • Formular planes estratégicos que apunten al cambio cultural interno, con ayuda de la comunidad.
  • Identificar competencias ausentes en los funcionarios y empleados públicos a fin de ser provistas por líneas de formación continua, transversal y multiactoral, que permitan, por un lado, generar gestores en áreas prioritarias no cubiertas y, por el otro, avanzar en la integración creciente del estado.
  • Motivar la formación de comunidades de práctica, particularmente en lo relativo a la gestión de información, la gestión de la participación y la gestión tecnológica, para también integrarlas a la redacción o mejora del Plan de Acción.

Innovación y GA

  • Considerar cada medida como parte de un sistema más complejo y permanente, evitando las acciones aisladas, como eventos, hackatones, campañas, talleres, etc., a fin de impulsar mecanismos estables propiciadores de círculos virtuosos y mejoras permanentes.
  • Impulsar círculos virtuosos donde estén presentes las necesidades y expresiones ciudadanas motorizando las líneas de innovación.
  • Incentivar el desarrollo de proyectos piloto de innovación en todas las líneas vinculadas al GA. Dichos proyectos deberán contar con los recursos y componentes necesarios para que las experiencias sean adecuadamente validadas en términos de aptitud, viabilidad, factibilidad, sustentabilidad y expansibilidad.

Siguen los adelantos de la investigación: cambios, legitimidad y conclusiones finales

Por Ester Kaufman, 27 agosto, 2014 13:22

Apertura y cambios,  legitimidad y conclusiones

Continuemos con los adelantos de la investigación realizada.

Veremos, en esta ocasión, las aperturas y los cambios; también la legitimidad de los planes de acción. Adelantamos, paralelamente, las conclusiones finales

Las clases de aperturas han quedado claras a través de los distintos modelos básicos y enfoques singulares de GA ya desarrollados, así como por las tendencias marcadas en el posteo anterior.

Estas aperturas representan la tensión entre lo que precede y lo que está puesto en juego en la actualidad, tensión que está claramente expuesta por Roberto López (2013, 2), al sostener el gobierno abierto trasciende al gobierno electrónico en un aspecto crucial: mientras el gobierno electrónico es una cuestión de gestión, el gobierno abierto es una cuestión de poder. Pero aunque lo trasciende, necesariamente lo incluye.

Ese poder está concentrado en la naturaleza de las aperturas que, como vimos, son varias y de distinto tipo. Ello está vinculado con quiénes son sus destinatarios o beneficiarios y el grado de profundidad del cambio previsto.

Hemos observado que, si bien existe una gran concentración de medidas que beneficiaría a la gestión interna y al aumento de capacidades, ello no parece reflejarse en un mejoramiento de las condiciones hacia una gestión abierta, tanto en lo relativo a las transformaciones culturales como a lo específico relacionado con gestión de la participación y la información.

La sociedad debería, además, estar incluida como un conjunto de actores activos, no como meros destinatarios. Esa es la tónica que imprime Corea del Sur a su Smart Government caracterizado por la consulta y coproducción permanente con la sociedad. Vale recordar, al respecto, como las medidas relacionadas con participaciones o consultas ocasionales (juntando ambos grupos) sólo alcanzan al 24,20% de todas las medidas analizadas. Respecto a las articulaciones que involucran a la ciudadanía (diagonal y vertical) el resultado es aún más sombrío. En ambos grupos sólo el 2,9% de las medidas está relacionado con la articulación diagonal. En cuanto a la articulación vertical, debemos diferenciar el grupo regional, cuyo porcentaje es muy bajo (2,2%), del grupo no latinoamericano, donde el porcentaje es mayor (6,6%).

Con estas cifras no podemos estar hablando de seriamente de “apertura”. Estamos hablando de estados aún centrados en sí mismos. Como consecuencia, tampoco existe un enfoque ciudadano verificado efectivamente con la ciudadanía.

Esta situación no parece que fuera a variar porque no vemos una masa crítica de medidas dirigidas a cambiar la cultura interna para gestionar la participación e integrar al estado con enfoque ciudadano. En ese sentido, podemos prever que no avanzamos decididamente hacia un enfoque de gobierno abierto consistente con lo que la literatura ha identificado como tal.

Concluimos que la naturaleza de esa apertura es aún declamativa porque el grado y profundidad de las medidas no alcanza a impactar significativamente en una apertura genuina del estado.

Algunos aspectos relacionados con la legitimidad de los planes de acción

Consideraremos la legitimidad de las medidas anunciadas en los planes de acción en función de cuán amplia sea la base de participantes en el ciclo de los planes de acción. Esta amplitud incluye tanto a las jurisdicciones y niveles de gobierno como a la intervención de la sociedad en sus múltiples representaciones.

Por otra parte, la ubicación del área responsable de la coordinación del plan es muy relevante para inferir cuánta vocación política existe alrededor de este enfoque efectivamente aperturista; o para darnos cuenta de su inexistencia. Otro indicador es el normativo y también la existencia de marcos o directrices emanados de las máximas autoridades, a fin de garantizar la prevalencia de un mismo modelo de GA.

Veamos qué información contamos al respecto.

En la investigación realizada en el ámbito del BID, y desarrollada por Dassen y Ramírez-Alujas (2014: 19 y sig.), surgen algunas pautas relacionadas a los temas aludidos. Una de ellas refiere al (los) órgano (s) responsable (s) y labores de coordinación. Aclaramos que la información que vuelcan tiene su fuente en entrevistas realizadas por dichos autores.

Los organismos responsables y de coordinación de los planes de acción pueden ser: a) unidades de gestión pública cercanas a la Presidencia de la Nación; b) áreas a cargo del gobierno electrónico; c) áreas de transparencia o integridad pública; d) instancias de coordinación u organismos multisectoriales (BID; Dassen y Ramírez-Alujas, 2014: 20). En tal sentido consideramos que la legitimación de los planes de acción no se da en el caso b, podría darse en el c. si el área está alojada en un órgano central, como la Presidencia o la Jefatura de Gabinete pero no especializada exclusivamente en tecnología sino, como se ve en ese caso, en la gestión de la transparencia o la integridad pública, aunque no son temas únicos. Por otra parte, el encontrarse la gestión en unidades cercanas a la Presidencia resalta el compromiso de las autoridades más altas, cuando están en juego competencias de coordinación u organismos multisectoriales.

Ahora intentaremos dilucidar qué pasa con esta legitimación dentro del grupo no regional. La información que contamos surge sólo de sus planes de acción. Por lo tanto, es muy limitada. Haciendo esta salvedad, mencionamos algunos hallazgos:

En los Estados Unidos la tarea de coordinación está a cargo el Open Government Working Group constituido dentro de la White House. Ellos han quedado a cargo de la convocatoria y de la implementación del Plan. Los actores convocados son funcionarios de primera línea provenientes de los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo; los stakeholders, las organizaciones de la sociedad civil y, también, el sector privado. Respecto a la consulta con la sociedad, han abierto un proceso de intercambios a través de blogs sobre temas tales como integridad pública, recursos y servicios. Por otra parte, el gobierno ha ordenado la publicación de los esfuerzos sobre GA (“The Obama Administration’s Commitment to Open Government: A Status Report”)[1]. La “OMB Open Government Directive” exige a las instituciones la fijación inmediata de pasos específicos y el establecimiento de metas de largo plazo para lograr una mayor apertura y transparencia. Además, muchas de sus instituciones han creado sus propios planes de acción, los que contemplan la divulgación de cómo ellos aumentarán la transparencia e incorporarán la participación pública y la colaboración dentro de sus actividades centrales.

En el caso de Gran Bretaña, su Plan nos informa que el organismo responsable de la coordinación, implementación y mejoramiento es su Public Sector Transparency Board, organismo multisectorial dirigido por el Ministro del Cabinet Office. Entre otros, entre sus miembros pueden encontrarse un conjunto de especialistas en datos quienes están incentivando a las instituciones públicas a la implementación de la transparencia y de los estándares de datos abiertos.

En cuanto a la representación pública y social, en Finlandia la formulación estuvo a cargo de la sociedad civil, representantes nacionales, regionales y locales y también organizaron reuniones abiertas en localidades y por Internet (se utilizaron técnicas de crowd-sourcing). En Estonia existieron consultas previas a los ministros del Poder Ejecutivo; y en Canadá la consulta se extendió a ciudadanos, sector privado e instituciones públicas claves de todos los niveles de gobierno[2].

En estos casos también observamos que la legitimación puede provenir de la amplitud de niveles de gobierno incluidos. Otro factor que favorece la legitimación del plan es si han incluido al poder legislativo y al judicial.

Conclusiones de lo analizado

Tal como venimos adelantando, no encontramos las condiciones que garanticen un desarrollo pleno del GA, ni siquiera la intención manifiesta de avanzar efectivamente en ese camino. Las nuevas estructuras, funciones y capacidades, las articulaciones y espacios multiactorales; esto es, el entramado colaborativo y abierto entre sociedad y estado trabajando en red, sólo exhibe indicios que, cual rara avis, aparecen solitariamente en unos pocos planes.

Estos escenarios de una auténtica apertura no son sencillos de conseguir ni de difundir, al decir de Gascó (2013). De nada vale la multiplicidad de actividades de sensibilización o formación si no están concebidos para lograr un cambio efectivo.

A ello debe agregarse que no es suficiente una transformación interna del estado, donde se imponga el trabajo colaborativo y transversal. Ni siquiera una cultura de apertura hacia la sociedad. Son condiciones necesarias pero no suficientes. Debe constatarse un movimiento en sentido inverso (sociedad hacia el estado) que requiere desarrollos en el acceso a la información y, sobre todo, en la formación ciudadana para desarrollar y potenciar su voluntad de transitar los distintos niveles de participación.

Al tratar el tema, nosotros también hemos señalado que la motivación para participar está directamente relacionada con la percepción de la eficacia política. Sostenemos que estas motivaciones pueden, tal como mencionamos, ir disminuyendo debido al desconocimiento del sistema político y a una percepción negativa de dicha eficacia.

Tal como hemos concluido en nuestra investigación sobre el GA canadiense (Kaufman, 2012), en la medida en que los ciudadanos perciban la estructura y funciones del estado como algo desconcertante, remoto o inaccesible, la voluntad de participación no se desarrollará o, si alguna vez existió, irá desapareciendo.

Por otra parte, la ciudadanía (en sus distintos grupos y atendiendo su complejidad interna) sólo decidirá ser parte, en forma positiva, si percibe que los funcionarios y empleados del estado son sus servidores públicos. Esa es una de las razones que motivan, en algunos planes, el impulso permanente de relevar la utilidad de la información divulgada.

Ni qué decir de la ausencia generalizada de medidas sobre gestión de la información, sobre todo cuando focalizamos la región. Ya hemos advertido, incluyendo un comentario de Ramirez-Alujas (2013: 17) acerca de la ausencia explícita de compromisos más concretos en materia de gestión documental y archivos en el sector público. Como bien señala dicho autor, tan importante como abrir los datos es definir políticas sobre la gestión documental, su calidad, resguardo, expurgo y recuperación, relacionadas tanto al ciclo de vida de los documentos cuanto al acceso y protección de la privacidad. No es suficiente que unos pocos países estén avanzando en dicho sentido, enfatizando la necesidad de estándares, organismos transversales, enlaces y profesionalización; o reconociendo los nuevos roles para los documentalistas y archivistas. Lo mismo sucede con la divulgación de repositorios con funciones de ventanillas únicas. De otro modo, nos hundiremos en la sobreabundancia de datos y en el caos que la misma significa.

Advertimos, por otra parte, que una de las dificultades encontradas en muchos de los planes es que registran medidas correspondientes a un escenario nacional. En ese nivel es muy difícil lograr posibilidades ciertas de diálogo entre el estado y la sociedad. Ello resulta mucho más fácil en los niveles sub-nacionales, incluyendo a los municipios.

En cuanto a lo relevado, se ha avanzado positivamente en las líneas ya destacadas en modelos/enfoques y tendencias. Seguramente se han producido cambios importantes en los modos en que los estados se organizan internamente y en sus mecánicas de conexión con la ciudadanía, sobre todo en lo que se refiere a la provisión de servicios. Las TIC han facilitado, seguramente, escenarios impensables en el pasado y, también, interacciones horizontales inexistentes anteriormente, al menos con la naturalidad y extensión manifiesta en la actualidad.

Por otra parte, la sola existencia de la OGP constituye un gran aliento para que se avance hacia cambios más profundos. Se está, además, materializando un aprendizaje horizontal entre países a través de sus planes. El propio sitio de la OGP pareciera ser de gran utilidad en dicho sentido, a lo que hay que agregar el lanzamiento del “Premio Gobierno Abierto”, iniciativa que se repetirá cada año con temas diferentes[3]. Esta última iniciativa ordenará el aprendizaje entre países.

Sin  embargo entendemos que queda bastante por hacer. La OGP podría ir ampliando sus temáticas orientadoras conforme van apareciendo en los propios planes, a fin de que el conjunto pueda identificar parámetros para medirse y avanzar; una especie de marco de referencia alimentado por la producción colectiva de los gobiernos a través de sus presentaciones.

Bibliografía

BID; Dassen y Ramírez-Alujas, 2014. Vientos de cambio. El avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. IFD /ICS. Nota técnica # IDB-TN-629. http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6400/ICS%20TN%20Vientos%20de%20cambio.pdf?sequence=1, 2/04/2014.

Gascó Hernández, M., 2013. “No es oro todo lo que reluce: ¿qué hay detrás de las promesas de gobierno abierto en Iberoamérica?” Ponencia en el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. – 1 nov. 2013.

Kaufman, E., 2012. Aportes sobre gobierno abierto y entrega de servicios. Experiencias canadienses. ISBN: 978-987-33-2658-5. Descargable en http://www.esterkaufman.com.ar/?page_id=512. 20/12/12.

López, R. P., 2013. “Gobierno abierto en Latinoamérica: análisis de los procesos y las iniciativas”. Ponencia en el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. – 1 nov. 2013.

Ramírez-Alujas, A. V., 2013. “Gobierno Abierto en la encrucijada: El cara y sello de la experiencia Latinoamericana en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership)”. Documento presentado en el IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG. INAP (Madrid, España), 23 y 24 de septiembre 2013. http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/A10-RAMIREZ_ALUJAS-2013.pdf 22/11/13.

[1] Para más información, ver www.gov/open .

[2] Las consultas que se volcaron en su “Open Government Consultation Report

[3] https://www.opengovawards.org/brief/Briefing_Materials_Spanish.pdf

Tendencias: Siguen los adelantos de la investigación sobre planes de acción: Tendencias sobre modelos identificados en posteo anterior

Por Ester Kaufman, 18 agosto, 2014 12:22

Debemos diferenciar, a esta altura, a los países con mayor trayectoria y desarrollo en GA, de los que no alcanzan ese nivel, por diversos motivos.

Los países con mayor trayectoria y desarrollo, son liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, Estonia y, en la región, Brasil. Podemos prever que esos países continuarán profundizando sus niveles de articulación, integración y apertura a la participación ciudadana (en casi todos sus niveles de desarrollo), con un fuerte énfasis en la gestión de la información y en la producción de círculos virtuosos de datos abiertos. Avizoramos asimismo que ese conjunto seguirá desarrollando sus estándares, protocolos, marcos regulatorios, formación y fortalecimiento de los sistemas de gestión interna fuertemente sostenidos sobre TIC. En estos casos, también continuará desarrollándose la multicanalidad “digital”, con un avance importante hacia la telefonía móvil, constituyendo una impronta relevante, así como la innovación y desarrollo de servicios públicos, algunos con base en datos abiertos. En este grupo impera el “Digital by Default”, mencionado en el Plan de Gran Bretaña.

Existe otro grupo, más preocupado por la integridad pública y la transparencia de la gestión, cuyos integrantes apuestan al mejoramiento del acceso a la información y a la participación desde esa inquietud, que seguramente continuará en esa línea fuertemente apoyada en el desarrollo de tecnologías. En este grupo podemos ubicar a España, Tanzania, Indonesia, Sudáfrica, Estonia y, en la región, Perú, Brasil, Colombia y República Dominicana.

Veamos los bloques de compromisos nuevos más relevantes, en los otros temas, y por regiones

En cuanto a la articulación, algunos países de América Latina están impulsando la articulación transversal casi con exclusividad. Esto augura que la participación ciudadana, en forma estable, tanto en articulaciones diagonales como en verticales, no constituye una tendencia regional ya que aún no se encuentra anticipada como compromisos. Por ende, cabe prever que el componente participativo estará ausente en el formato de interacciones institucionalizadas entre estado y sociedad. Deberíamos, en este grupo, hacer la salvedad de Brasil que exhibe un comportamiento positivo en ambas articulaciones y de Argentina, en cuanto a la articulación diagonal[1].

Es probable que aumente la cantidad de portales dedicados a datos abiertos pero con poca integración de la demanda así como de eventos no permanentes para su desarrollo, al estilo de talleres, hackatones, etc. El desarrollo de políticas internas relacionadas con datos abiertos no parece tampoco ser una preocupación regional, por lo tanto podemos concluir que no tendremos círculos virtuosos de producción en el futuro cercano.

Ya hemos destacado la importancia regional de la transparencia de la gestión y la integridad. Reiteramos la relevancia de las medidas comprometidas de accountability y las vinculadas a compras públicas, así como la atención dispensada en los compromisos a la gestión interna. También mencionamos los compromisos asumidos respecto a la gestión interna enfocada en la integridad pública. Podemos inferir que estas líneas constituyen tendencias.

En cuanto a la participación probablemente aumentarán los espacios destinados a albergar opiniones y sugerencias de los ciudadanos, así como las vinculadas al ciclo de las políticas y, en menor medida, los espacios de co-producción no estables, sobre los que acabamos de hacer referencia.

Respecto a la gestión interna de la participación, nos encontramos prácticamente con puros compromisos. Esta situación, conforme a los criterios seleccionados, permite prever que no será un camino transitado en el futuro.

En acceso a la información seguirán surgiendo medidas de transparencia activa e información útil como asimismo de reducción de brechas. Sin embargo, el hecho de que haya pocos compromisos al respecto permite prever que el impulso en esa dirección será menor.

Si nos centramos en la gestión interna de la información, también nos encontramos con un panorama casi exclusivo de compromisos, lo que hace dificultoso concebir realizaciones efectivas en el futuro. La gestión de la información, lo que incluye la gestión documental, en tanto prácticas sistémicas, no constituyen temas de interés regional, aún cuando se trate de temas claves de GA.

Nada queda como tendencia respecto a la mejora de la cultura interna, excepto la formación en GA y las campañas. Estos compromisos, seguramente, se cumplirán pero su impacto será prácticamente irrelevante porque, en lo que refiere a la generación de políticas transversales materializadas (por ejemplo) en guías o manuales aplicables al conjunto, y otras medidas relacionadas con el estado en red, solo estamos en el campo de las promesas, sin experiencia previa; o lo que es peor, ante una ausencia de compromisos.

Vayamos ahora al grupo no regional, para verificar qué tipo de tendencias exhibe.

Aquí la cantidad de compromisos es mucho menor que en el caso latinoamericano, como hemos observado reiteradamente.

Sin embargo, trataremos de seguir criterios similares aunque no se compare la frecuencia entre los compromisos de uno y otro grupo. Reiteramos que tanto el modelo básico de GA como lo que agrega el modelo no regional ya tratado, engloba temáticas que marcan tendencias.

No hay duda del énfasis puesto en los compromisos de mejora de diversos aspectos de la gestión interna. Tampoco hay mucha duda de la importancia de la producción de datos abiertos conforme a mecanismos de identificación de la demanda y de co-producción. También es notable la cantidad de compromisos referidos a la gestión interna de datos abiertos. Si bien no son todos los países de este grupo, esta impronta marca una tendencia fuerte como ya anunciamos anteriormente.

Por otra parte, tanto la articulación transversal como la vertical constituyen criterios sobre los que, seguramente, avanzarán algunos de estos países.

Respecto a la gestión interna de la integridad pública, encontramos propuestas que pueden ser prometedoras.

Si nos centramos en los distintos niveles de participación, vemos que existe mucha similitud en la cantidad de compromisos, aunque predomine el que refiere a la co-producción y a espacios para opiniones y sugerencias, seguido por el referido al ciclo de las políticas. Allí encontramos indicios sobre las tendencias en esos temas al igual que respecto a la creación de estándares, manuales y metodologías relacionados con la gestión interna de la participación[2].

Por otra parte observamos que el tratamiento de las brechas lingüísticas constituye una tendencia clara en algunos países aunque también verificamos, en menor grado, propuestas relacionadas con transparencia activa, información útil para la ciudadanía, en general y para los consumidores, en particular.

Volvamos a temas más generales y que impactan sobre todo el universo analizado, manteniendo la preocupación de si estamos en presencia de “más de lo mismo”, esto es, de “gobierno electrónico”. La pregunta que subyace es cuánto prevalecerá la tecnología como tema orientador y cuánto las políticas más sustantivas vinculadas a aspectos no tecnológicos del GA.

Consideramos que estos son aspectos directamente vinculados con el tipo de área a cargo de la formulación / implementación / mejoramiento del plan de acción respectivo. Este punto lo volveremos a ver, con más detalle, en el momento que nos aboquemos a la legitimidad de los planes de acción.

Adelantaremos algunas conclusiones a continuación. Las formulaciones vinculadas con GA estarán más ligadas a gobierno electrónico si las políticas relacionadas surgen de áreas tecnológicas. En esos casos tendremos más de “gobierno electrónico”. En cambio, si emergen de áreas centrales como la Presidencia de la Nación, y si las mismas cuentan con enlaces transversales no sólo tecnológicos, es posible que el GA desarrolle una impronta más abarcadora. Muchas veces, el área a cargo en Presidencia tiene una denominación ligada a la integridad y transparencia. Esta circunstancia también es relevante respecto a la tensión tecnología vs. universo ampliado. Finalmente, puede tratarse de un área central de coordinación ministerial, con expresa inclusión de todas las jurisdicciones y niveles de gobierno, caso en el cual, seguramente, la tecnología devendrá más en una herramienta que en un objetivo en sí mismo. Otro elemento relevante para determinar las tendencias relativas a esta tensión, es la amplitud que registra la participación ciudadana y la relevancia del sector privado y, dentro de él, la incidencia de los sectores TIC[3].

Conforme el informe del BID (Dassen y Ramirez-Alujas, 2014: 21, ( Vientos de cambio. El avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. IFD /ICS en  http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6400/ICS%20TN%20Vientos%20de%20cambio.pdf?sequence=1), referido a América Latina y el Caribe, la situación de coordinación exclusiva del plan de acción del GA por parte del área tecnológica se detecta sólo en dos países: Argentina y Guatemala.

Existe otra situación, según la misma fuente donde, si bien la coordinación se encuentra en las áreas relacionadas al gobierno digital, se han creado comités multisectoriales en paralelo. Eso sucede en Costa Rica, México y Uruguay. Es probable que, en estos casos, la presencia de aspectos del gobierno electrónico esté algo más diluida. Todo depende de la preponderancia de lo “multisectorial”.

Hay países donde claramente está expuesta esta tensión en sus propios planes de acción. El Plan de Estonia reconoce que Estonia’s experience shows that modern technological platforms are not enough for involvement – they must be accompanied by the reorganisation of the work processes of officials and development of an administrative culture that is open and involves society. A su vez resalta la importancia de la capacidad de la sociedad civil: the capacity of non-governmental partners to express their opinion in public policymaking also requires support.

En estos casos podemos prever un desarrollo más equilibrado y más cercano a lo que se está concibiendo, en la literatura, como GA.


[1] Hay otros países con pocas medidas, sobre todo en articulación diagonal, países que hemos omitido en esta mención por ser muy escasas las propuestas en dicho sentido.

[2] Es destacable la mención que Corea del Sur hace sobre este punto. Incluso va más allá con su “Smart Government”: Las expectativas sobre el mismo radican en el logro de even more transparency in government by engaging with citizens in the decision making, anytime, anywhere. Initiatives that we implement are clear reflections of public opinions, which are conducted through continuous consultations with citizens, the private sector and civil society.

[3] Un ejemplo es el caso peruano que, según su Plan de Acción, ha convocado a una variedad importante del sector privado, tales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Cámara de Comercio de Lima. En este tipo de escenario, la preponderancia del “gobierno electrónico” podría no producirse.

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